Mesa técnica en el MEF analiza hoy martes alternativas para destrabar Chavimochic

Su instalación fue un pedido del Luis Valdez en reunión con el ministro de Economía

  • Participan el gobernador regional, el contralor, el ministro de Economía y sus equipos técnicos.

En reunión con el ministro de Economía, Carlos Oliva, ayer lunes el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, reveló su interés en crear una mesa técnica para evaluar las alternativas de solución para continuar la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), quedando al final en instalarla hoy martes, a las 11 de la mañana, en el MEF.

La mesa será integrada por los titulares del Gobierno Regional de La Libertad, el MEF, la Contraloría General de la República y el Proyecto Especial Chavimochic, con sus respectivos equipos técnicos.

En la reunión de ayer con el ministro de Economía, Valdez reiteró su deseo de continuar con los trabajos del proyecto adoptando la mejor alternativa de las posibles soluciones planteadas al entrampamiento.

“Se adoptará la alternativa que sea la más conveniente para los intereses de los liberteños”, dijo.

La instalación de la mesa técnica, que se hace realidad hoy, fue planteada por la autoridad regional buscando que continúe con los trabajos en esta etapa del proyecto

Valdez también solicitó al jefe de Estado, Martín Vizcarra, una reunión para abordar el tema, considerando su vital importancia para el desarrollo regional, y esperaba que el encuentro con el mandatario se efectúe en los próximos días. “Él se comprometió en hacerme llegar la fecha de la reunión y estoy esperando la confirmación”, remarcó.

El gobernador se reunió la semana pasada con representantes del consorcio operador de Chavimochic (Odebrecht – Graña y Montero), quienes le presentaron una nueva propuesta para terminar de construir la presa Palo Redondo -que tiene 85% de avance-, para retirarse luego del proyecto, con lo cual desistirían de continuar con el proceso arbitral en curso.

“Esta me parece una propuesta interesante, en cuanto no tenga implicancias económicas en contra del Estado. Estamos estudiando la propuesta, la que me parece viable, pero aún falta un análisis mayor sobre su impacto económico y jurídico”, señaló.

En lo que va de la III etapa del proyecto ya se ha invertido cerca de US$ 200 millones por parte del Gobierno Nacional y Gobierno Regional.

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